El Régimen de Integración socio urbana, surge como continuidad a la creación RENABAP, desde donde se ha logrado crear un sitio web que permite centralizar mucha información que estaba dispersa y las familias que logran recibir el Certificado de domicilio, cuentan con una prueba más de posesión y cierta expectativa en que podrán acceder a ciertos servicios públicos que no se ha concretado.
También, por su metodología de implementación, ha puesto en riesgo la continuidad de procesos organizativos que estaban llevando adelante las tortuosas gestiones relacionadas con la regularización de dominio, en muchos casos desconociendo el trabajo de las organizaciones de base, del estado local y provincial.
La encuesta a través de la cual se han relevado los datos para poder hacer entrega del certificado de domicilio, al no tratarse de un censo, no cuenta con la rigurosidad necesaria que permita obtener información certera y así accionar de manera adecuada, pudiéndose cometer algunos errores.
La nueva propuesta legislativa básicamente declara sujeto de expropiación a la totalidad de los barrios algo que es observable por varios motivos y no presenta en su objetivo el traspaso de dominio a las actuales ocupantes. No se tienen en cuenta otras herramientas legales vigentes, más allá de la expropiación, que evitarían una pésima utilización de fondos estatales.
No aclara de qué manera continuará el proceso de regularización, mensura, dotación de servicios, escrituración a favor de las familias ocupantes, etc. Ni tiene en cuenta la participación de la población afectada y la organización comunitaria.
Estas son algunas de las objeciones técnicas a la propuesta legislativa y al RENABAP, pero lo que más me llama la atención es que pareciera que es una política de superficie hay una comprensión del problema de manera superflua, sin entender la complejidad del mismo y proponiendo acciones que van en contra de procesos organizativos históricos, por lo que sería importante generar espacios de discusión en el marco del debate legislativo donde participen las organizaciones y los pobladores.
El desmantelamiento de las políticas de hábitat favorables a los sectores populares en la provincia de Buenos Aires, la casi nula implementación de la ley 14.449, los tarifazos, los continuos desalojos y la violencia contra las barriadas populares pareciera ir a contramano de una política de Integración Social cómo la que propone esta iniciativa legislativa. ¿Será puro humo?