Perahia destaca la creación de normativa urbanística para “mejorar la calidad ambiental de los Espacios Públicos” a través de la regulación de usos, que permitan compatibilizar los intereses de los diferentes actores socioeconómicos: normas de tejido, ocupación, polución visual y acústica, contaminación, forestación, entre otras. La autora plantea, en relación a la actuación municipal sobre el EP, a partir de 1980, es se centró en la creación, recuperación, puesta en valor y mejora de los espacios urbanos, en sintonía con el auge del Proyecto Urbano como herramienta de intervención puntual en las ciudades, donde hay ejemplos que mantuvieron un “especial cuidado por la mejora de la accesibilidad integral del espacio público, incorporando la discapacidad y sus requerimientos para dar igualdad de oportunidades al acceso de la ciudad”.

En los 90 el mercado, con importantes inversiones en centros de recreación y consumo y las urbanizaciones privadas, introdujeron el concepto de “espacio privado de uso público”, en competencia con el tradicional espacio abierto, privatizando lo urbano.

En relación al impacto de estas intervenciones en el tiempo, Borja plantea que «cuando se realiza una actuación sectorial en un lugar concreto hay que ser consciente de que está haciéndose un pedazo de ciudad», hay que considerar el largo plazo en la generación de nuevos desarrollos urbanos, equilibrar lo edificado y lo vacante; el aporte de equipamientos urbanos, de espacio público, de viviendas y de áreas productivas, y abarcar diferentes estratos sociales.

Para analizar la dimensión simbólica, entendemos que el EP es el escenario de la vida comunitaria y cotidiana, donde los vecinos pueden interrelacionarse y su ausencia o su baja calidad, por el contrario, genera un déficit en la sociedad irremplazable con otros equipamientos o construcciones de uso comunitario. La carencia de espacios de sociabilización, de democratización de la ciudad, trae aparejados trastornos sociales. El espacio público es entonces generador de identidad a nivel simbólico. Según Borja, el EP “se entiende como un espacio cualificante, que ofrece distintas posibilidades a la gente de estar en él, y que además mejora la autoestima de los ciudadanos porque los hace sentir que son tratados como los otros, como los de la ciudad más formal, más rica”. (6)

Por su parte, Corti plantea que «La recurrencia en legitimar todo tipo de acciones sobre la ciudad con la referencia al espacio público pone a éste en situaciones que alternan entre la corrección política, la «coartada ideológica» y el estereotipo discursivo» (7) . El autor plantea que la tendencia a aludir al EP es compartida tanto por visiones conservadoras como progresistas, y asocia el proceso de recuperacion democratica de la Argentina a la recuperacion de estos ambitos para el encuentro en clave politica y cultural. Corti explica que hubo una traslacion del simbolismo de los ambitos fabriles a los del territorio urbano en relacion a las luchas sociales, representado por «el barrio como ámbito del trabajo social y la calle como escenario de la protesta de piqueteros y de trabajo de cartoneros», entre otros signos que dan visibilidad a estos reclamos, mientras que son a su vez cuestionados «en defensa del espacio publico» desde otras posiciones, ocasionando un uso ambiguo del propio concepto EP.

Respecto a la dimensión político-gubernamental, Delgado plantea que la noción de Espacio Público fue tomando lugar progresivamente dentro de las esferas de la administración pública, considerado como objeto de “urbanismo y urbanidad” (8) . El autor hace hincapié en la utilización del concepto de EP vinculado al de Ciudadanía, Igualitarismo y Democracia dentro de la discursiva política. Delgado rastrea el origen de la instalación del concepto de EP en las agendas gubernamentales, y lo ubica en coincidencia de los fenómenos de tercerización, gentrificación y tematización de las ciudades. Plantea que el EP es actualmente considerado como “de visibilidad generalizada”, en el cual las acciones de sus usuarios es intercontrolada entre ellos a modo de “sociedad óptica”, de territorio de exhibición y riesgo; y afirma que el término EP,” no se limita a ejecutar una voluntad descriptiva, sino que vehicula una fuerte connotación política”. El autor realiza una fuerte crítica a las acciones de la gestión pública de las ciudades, y plantea la vinculación del término EP con lo que denomina el “ciudadanismo”, asociado a una doctrina “aliviadora de los efectos del sistema capitalista” que entiende la exclusión como “contingencia” y no como factor estructural, con el objetivo de preservar el modelo vigente de explotación, evitando la repercusión de sus efectos negativos en las agendas gubernamentales.