Borja por su parte, propone una definición de EP vinculada a la complejidad de la gestión. Según el autor, cuando se habla de Espacio público, «cuanto más calidad más conflicto»(…) Que sea conflictivo a veces los políticos no lo entienden. En una democracia, el conflicto no desaparece. Lo que proporciona la democracia son las posibilidades de regular el conflicto de una manera pacífica y, hasta cierto punto, normatizada. Entonces, cuánto más rico es un espacio público, más conflictivo».

Borja propone una gestión participativa del conflicto que permita abrir el juego de actores, recoger datos y devolver propuestas que sean abarcadoras de todos los sectores en punga por el EP. También propone un proceso de evaluación y monitoreo de los EP para revisar los éxitos y fracasos de las intervenciones realizadas, y que incluya a los actores involucrados.

Por su parte, Delgado plantea el concepto de “mediación” de Marx, como mecanismo de legitimación simbólica que concilia al Estado y la sociedad civil, neutralizando y encubriendo los intereses y alianzas del primero con determinados actores económicos, y su rol de garante de asimetrías sociales, a través de la jerarquización de valores y significados que den aspecto de universales, a políticas diseñadas para las clases dominantes exclusivamente:
“Sería a través de los mecanismos de mediación –en este caso, la ideología ciudadanista y su supuesta concreción física en el espacio público– que las clases dominantes consiguieran que los gobiernos a su servicio obtengan el consentimiento activo de los gobernados, incluso la colaboración de los sectores sociales maltratados, trabados por formas de dominación mucho más sutiles que las basadas en la simple coacción”.

Según el autor, las ideas de ciudadanía y de EP vendrían a ser “ideas dominantes”, diseñadas desde y para dominar. Estas ideas legitiman la gestión de lo que vendría a ser un consenso coercitivo consensuado de alguna forma con los propios coaccionados. En esta línea, el control del EP se realiza ya no a través de la violencia exclusivamente, sino a través de la descalificación de ciertas actividades que pasan a considerarse “incívicas”, en contravención con las buenas prácticas ciudadanas. Para Delgado, “dada la evidencia que la modelación cultural y morfológica del espacio urbano es cosa de élites profesionales (…) de los estratos sociales hegemónicos, es previsible que lo que se da en llamar urbanidad – sistema de buenas prácticas cívicas– venga a ser la dimensión conductual adecuada al urbanismo, entendido a su vez como lo que está siendo en realidad hoy: mera requisa de la ciudad, sometimiento de ésta, por medio tanto del planeamiento como de su gestión política, a los intereses en materia territorial de las minorías dominantes”.

Finalmente el autor plantea que en la calle, devenida en EP, el Ciudadano pasa a ser el Usuario, depositario y ejecutor de derechos vinculados a la civilidad democrática, cuando recibe los beneficios de “un mínimo de simetría”: “El idealismo del espacio público –que lo es del interés universal capitalista– no renuncia a verse desmentido por una realidad de contradicciones y miserias que se resiste a recular ante el vade retro que esgrimen ante ella los valores morales de una clase media biempensante y virtuosa, que ve una y otra vez frustrado su sueño dorado de un amansamiento general de las relaciones sociales”.

Abordando la dimensión disciplinar – proyectual del EP, Arroyo toma como premisa que el espacio público urbano «sufre transformaciones materiales y simbólicas que ponen en cuestión el conocimiento disciplinar urbano-arquitectónico y con ello los modos de operar proyectualmente en el ámbito de lo público» (9). El autor advierte sobre la tendencia vigente, de explicar la ciudad como una estructura, que supone una “continuidad lógica y empírica del fenómeno urbano que en el presente no se verifica”. Plantea que tradicionalmente la continuidad del espacio público se explicaba a partir de la noción estructural de centralidad valiéndose de lugares físicos, con fuertes connotaciones simbólicas, lo cual daba un marco territorial a la ciudad a través de la generación de jerarquías. Actualmente, esta noción de continuidad pierde sentido frente al fenómeno de la discontinuidad, donde los significados se producen a través de “contingencias”, haciendo del espacio público un “devenir “impreciso. Según Arroyo, esta circunstancia requiere revisar las bases epistemológicas para definir una estrategia de intervención “que asuma la ciudad como una topología de lo diverso y lo múltiple antes que como una estructura unitaria de sentido, es decir, reconocer los desplazamientos entre el espacio público como una topología estable de lugares centrales y lo público como un devenir de lugares distópicos en los que el sentido de lo urbano se dispersa”.

Arroyo propone el concepto de Ciudad escindida para graficar esta crisis del “presupuesto de continuidad y homogeneidad del espacio público”, y advierte que “los constructos disciplinares no estarían preparados para afrontar el problema del espacio público desde los fenómenos de distorsión de la topología urbana, que pervierten la noción de lugar y territorio, colocando a lo público en un estado larvado y virtual”. Más adelante retoma el concepto de “agenciamiento” de Deleuze y Guattari:”Allí donde la centralidad de lo público se repliega, donde la legalidad de la centralidad del lugar pierde valor de legitimación, el espacio urbano queda abierto a los agenciamientos sociales”. Según Arroyo, La perspectiva deleuziana permite repensar al Lugar desplazado de su centralidad simbólica totalizadora, y al Territorio desde los bordes a modo de fronteras inestables, sujetas al corrimiento. El EP deviene entonces en una suerte de “territorio magmático (…) dando lugar a la experiencia de lo público como adjetivo de la eventualidad de la vida en la ciudad antes que del espacio-público como sustantivo, es decir, sustancia de la ciudad”. En relación directa con la disciplina proyectual vinculada a la formación de arquitectos-urbanistas, el autor plantea que “la experiencia de la inestabilidad del espacio público (…) desafía a la estabilidad del proyecto”, y que La situación actual del EP requiere de “un despliegue de la proyectualidad antes que la determinación del proyecto”. Finalmente propone una versión de «Proyecto» asociado a las prácticas culturales, que supondrá la incorporación a este de elementos a su vez propios de la gestión urbana.